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Collins seguirá con el túnel de La Línea.

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El consorcio Segundo Bicentenario, que lidera Carlos Collins, mantendrá el contrato para construir el cruce de la Cordillera Central, que incluye el túnel de La Línea.


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Así lo anunció el director del Invías, Carlos García, quien no solo descartó la caducidad del contrato que había anunciado en enero de este año, sino que amplió el plazo para la terminación de las obras hasta noviembre del próximo año.

El vicepresidente Germán Vargas Lleras, que era el más interesado en que se declarara la caducidad del contrato, por considerar que a ese ritmo de trabajo que llevaba el consorcio, la obra no se terminaría ni en seis años, informó escuetamente en un comunicado de prensa que se había logrado un acuerdo entre las partes para continuar las obras y terminarlas en noviembre del 2016.

Como resultado del acuerdo, todos los recursos necesarios para ejecutar las obras estarán administrados por una fiducia y se destinarán exclusivamente para ejecutar el proyecto y cumplir con la fecha pactada, garantizando así que el proyecto contará con los recursos para adelantar y ejecutar las obras.Los recursos con los que contará el proyecto ascienden a $327.000 millones y tienen origen en las siguientes fuentes:

a)    La compañía de seguros, aseguradora del contrato

b)    Recursos del contratista, que provienen de derechos que le asisten en el proyecto y aportes que incluyen maquinaria, formaletas de revestimientos y plantas de trituración, asfalto y concreto.

c)    Aportes del Gobierno por conciliación de reclamaciones por la ola invernal.

d)    Recursos del contrato correspondientes al riesgo geológico y metas sin ejecutar.

Este acuerdo está sujeto a que el contratista cumpla con la Constitución de la Fiducia y al desembolso de los recursos iniciales por parte de la compañía de seguros. Verificado lo anterior las obras del proyecto deben reiniciarse la semana del 23 de marzo del presente año.

El acuerdo señala que el constructor Carlos Collins deberá desembolsar $30 mil millones para poder retomar las obras. Y mientras que el Invías presenta el veredicto jurídico, el próximo 24 de marzo, el constructor deberá renunciar a cualquier tipo de reclamación o tribunal de arbitramento contra el Estado.

 

 

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