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EPA apropia recursos vía tarifa para descontaminar quebradas de Armenia y acata fallo del Tribunal Administrativo

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Ante el foro de gerentes, organizado por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, el gerente de Empresas Públicas de Armenia ESP, Gonzalo García Rivera, declaró que la compañía recibe con beneplácito el fallo del Tribunal Administrativo del Quindío, relacionado con la orden que se imparte para sentarse a trabajar interinstitucionalmente con el fin de descontaminar las quebradas de Armenia.


“Nos parece positivo porque el fallo ordena la articulación de esfuerzos y nos obliga a sentarnos a la mesa y desarrollar una agenda de trabajo común, en donde todas las entidades involucradas deben tener una actitud conciliadora, voluntad política y apropiar recursos. Sentimos que es lo mejor que le pudo suceder a la empresa y en general a la capital quindiana, porque incluye a organismos públicos, no solamente municipales, sino departamentales y nacionales”, explicó.

García dejó claro que por su parte no apelará el fallo y desde ya tiene toda la disposición de cumplir ese mandato legal con la mejor disposición. “Estamos apropiando alrededor de 79 mil millones de pesos, vía tarifa, desde el 2016, hasta el 2019, encaminados a la descontaminación “, aseguró el ejecutivo.

Como era su deber, ante los empresarios del departamento, el gerente de EPA, entregó un detallado informe de la emergencia registrada en días pasados, con respecto a la suspensión del servicio de agua.

Informó aspectos importantes de la contingencia: era imposible prever la emergencia, por lo tanto la decisión de la suspender el suministro del líquido fue un acto de responsabilidad con la salud pública de los ciudadanos; los técnicos trabajaron durante más de 50 horas ininterrumpidamente para establecer la causa del evento y solucionar el problema; admitió que el plan de contingencia falló y anunció que será ajustado a la realidad de la demanda, para evitar que los problemas en la atención de la urgencia se repitan; informó que existe un proceso de investigación por parte de la autoridad ambiental para establecer responsabilidades, al igual que del ministerio público, y finalmente, indicó que la Fiscalía General de la Nación investiga la manipulación de la imagen corporativa de la empresa, la publicación de noticias falsas que sufrió la entidad, lo que desencadenó una urgencia adicional por la desinformación.