Inicio Locales Consejo de Estado negó acción de tutela que buscaba frenar la megaminería

Consejo de Estado negó acción de tutela que buscaba frenar la megaminería

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El municipio de Salento continúa desprotegido y amenazado por la posible irrupción de la megaminería. El Consejo de Estado negó en las últimas horas la acción de tutela que interpuso la concejal Orfi Liliana Correa en contra de la decisión del Tribunal Administrativo del Quindío que negó en su momento, las pretensiones del proyecto de acuerdo que buscaba proteger el patrimonio cultural y ambiental cafetero del municipio padre.


El fallo “niega las pretensiones de la acción de tutela que ejerció la señora Orfa Liliana Correa Rojas (…) pues, no se advierte que el TAQ haya adoptado una decisión arbitraria o caprichosa ni transgresora de los derechos fundamentales, cuyo amparo aquí se reclama, luego corresponde a la sala negar el amparo solicitado”.

El documento se conoció el día de ayer y es analizado por un grupo de abogados de la Mesa Ambiental de Salento, así como autoridades del municipio que buscan soluciones al nuevo problema que surge en la defensa del territorio.

Entre tanto la concejal que interpuso la tutela dijo que se va a impugnar la decisión de primera instancia, para lo cual se tienen solo tres días en los que deben trabajar en los argumentos jurídicos.

Antecedentes

En junio de este año el Tribunal Administrativo del Quindío declaró como invalido el Acuerdo Municipal, firmado por el concejo de Salento, en el que se impedía cualquier tipo de actividad asociada con la megaminería.

El acuerdo había sido expedido el pasado 27 de febrero, y tras el mismo el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio Buriticá, decidió darle traslado al Tribunal para que fuera este quien determinara su legalidad y constitucionalidad.

Infortunadamente en concepto de los magistrados, el acuerdo no puede tener validez, dado que la Corte Constitucional fijó jurisprudencia al respecto y determinó que las entidades territoriales no tienen competencia absoluta para los fines que afecten los intereses más allá del mismo territorio. Por tanto, lo acordado debe ser decidido entre las autoridades locales y la nacionales.

De acuerdo a lideres ambientales, sobre Salento reposa 21 títulos otorgados para la exploración minera y 17 en solicitud.

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