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Por falla en prestación del servicio e incumplimiento de calidad sancionan a la EDEQ

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La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha impuesto sanciones por más de $45 mil millones a prestadores de servicios públicos en el año 2020. Estas sanciones recaen sobre 72 empresas de acueducto alcantarillado, aseo, energía y gas, al comprobarse incumplimientos a la normatividad vigente.

Entre las empresas sancionadas se encuentra Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P. por diferentes causales: en cuanto a servicios de acueducto y alcantarillado, se sanciona por metodología de tarifas e inversiones por valor de $98.545.804, por el servicio de energía, $745.304.400 debido a una falla en la prestación del servicio e incumplimiento a los indicadores de calidad, y en el servicio de gas, $35.608.998 por reporte indebido de información al Sistema Único de Información (SUI). El valor total de la sanción impuesta por la Superintendencia suma $879.459.202.

Otras razones por las que fueron sancionadas empresas de diferentes departamentos como Cundinamarca, Chocó, Amazonas, Santander, entre otros, se derivan de incumplimientos a indicadores de calidad de agua, normas técnicas, regulación en materia de subsidios, reglamento de instalaciones eléctricas, inversiones y metodologías tarifarias; también por fallas de continuidad en la prestación, medición del consumo, reporte de información, planes de contingencia, recolección y disposición final de residuos, entre otros. 

La superintendente, Natasha Avendaño García, indicó que: “Luego de cumplir las etapas que nos define la ley, hemos impuesto estas sanciones durante los primeros cinco meses del año al confirmar el incumplimiento en temas de calidad, continuidad, aspectos técnicos y operativos por parte de estos prestadores”.

También expresó que: “Iniciamos las indagaciones preliminares y requerimientos a las empresas sobre las cuales hemos recibido quejas de los usuarios durante este año; y en particular desde que inició la emergencia sanitaria, en relación con incremento de tarifas, medición por promedio y cortes o suspensiones no autorizados”.

“Estamos monitoreando a las empresas para evitar abusos, pues es inaceptable que familias y empresarios se afecten con incrementos injustificados en sus facturas o reciban un mal servicio”, aseguró la superintendente.

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