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Cabildo abierto sobre concesión de alumbrado público, a la espera de ser programado por el Concejo de Armenia

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Mediante la resolución No. 049 del 08 de octubre del 2019, la Registraduría Nacional del Estado Civil validó el cumplimiento de los requisitos legales para la realización del cabildo abierto como mecanismo de participación ciudadana con el fin de indagar sobre la concesión del alumbrado público y demás aspectos subyacentes que estén relacionados.


El veedor ciudadano, Néstor Fabian Herrera inició su proceso en enero del 2018 para solicitar a la registraduría el cabildo abierto del alumbrado público, luego de una exposición de motivos en el que evidenció con documentos en mano la ausencia de un verdadero control político por parte de la Corporación del Concejo de Armenia.

 “Recogimos un número importante de firmas que exige la norma, pero la registraduría nos invalidó un monto de firmas, acudimos a una apelación para que nos permitieran nuevamente recoger el número de firmas que nos hacía falta para avalar el cabildo, cumplimos con la exigencia que fue validado y nos expidieron la resolución. Luego la radicamos ante el concejo de Armenia para que la hagan entre el 20 y 24 de octubre, pero ya son ellos quien tiene la palabra”, explicó Herrera.

“El tema del alumbrado público es mucho más grave que la valorización”

El representante legal de la veeduría ciudadana En Defensa de la Gente, Nestor Fabian Herrera manifestó que la concesión del alumbrado público se adjudicó de manera irregular toda vez que dentro del proceso de evaluación participaron las mismas personas a las que se les asignaron interventorías.

“Personas que participaron en los estudios para decir si era viable operarlo en el municipio o adjudicarlo, se les adjudicó hasta la interventoría. Es decir, fueron juez y parte del proceso y la adjudicación también fue mal hecha porque nombran a algunas personas para hacer los estudios técnicos y financieros y no todos firman en el momento de entregar esos estudios.”, expresó.

El cabildo abierto espera contar con la presencia de la Fiscalía, la Procuraduría, la Controlaría, pero especialmente con la participación ciudadana para que conozcan de la situación a partir de una serie de documentos que el representante legal de la veeduría espera exponer en la fecha asignada para el cabildo abierto por parte del Concejo.

“Esto es una privatización disimulada porque entregarlo a un privado algo que es público por el tiempo de 20 años no tiene otro nombre.”, finalizó.