Un juez de Bogotá ordenó el embargo de las cuentas del Gobierno Nacional debido a una deuda millonaria con Empresas Públicas de Medellín (EPM) y sus filiales. La decisión, emitida por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá, responde a la falta de pago de subsidios a la tarifa de energía para los estratos 1, 2 y 3, generando un saldo pendiente de $41.654 millones, más $5.258 millones en intereses moratorios.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue el encargado de dar a conocer la medida judicial a través de sus redes sociales, donde instó al presidente Gustavo Petro a cumplir con las obligaciones pendientes. “Intentamos por muchos medios abrir canales de diálogo, pero nunca obtuvimos respuesta”, afirmó el mandatario local.
Según el documento judicial, la orden de embargo afecta cuentas corrientes, de ahorros, CDT y otros productos bancarios del Gobierno Nacional hasta por $83.309 millones. La demanda que dio origen a esta medida fue interpuesta por Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), filial de EPM, debido a la falta de pagos reconocidos en las resoluciones 00472, 00702, 01251 y 01961.
A esta acción judicial se suman otras demandas presentadas por EPM contra el Gobierno Nacional, incluyendo las interpuestas por Afinia y demás filiales, así como por el incumplimiento en la entrega de recursos para la construcción del Metro de la 80 en Medellín.
La notificación del embargo ya fue enviada a la Administración de Impuestos Nacionales, y el Gobierno cuenta con cinco días hábiles para saldar la deuda. Mientras tanto, esta decisión judicial podría generar repercusiones en la gestión financiera del Ejecutivo y en la prestación del servicio de energía en las regiones afectadas.
De acuerdo con Gutiérrez, el faltante acumulado para todo el Grupo EPM supera los $1,25 billones, con importantes deudas en regiones como Caldas, Risaralda, Quindío, Santander y el Caribe colombiano.
