La Fiscalía Octava ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra la exgobernadora de Quindío Sandra Paola Hurtado Palacio (2012 – 2015), por su presunta participación en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
El material probatorio recaudado en la etapa investigativa daría cuenta de que la exfuncionaria estaría involucrada en irregularidades detectadas en la suscripción de los contratos de obra SID 001, 002, 003 y 004 de 2015 que tienen como objeto:
- La construcción, reconstrucción y recuperación de infraestructura de acueducto y saneamiento básico en los municipios afectados por el fenómeno de ‘La Niña’ en 2011.
- Recuperación y mantenimiento de vías terciarias de los municipios de Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba Génova y Quimbaya.
- Recuperación y mantenimiento de vías terciarias de los municipios de Calarcá, Circasia, Córdoba, Montenegro, Pijao y Quimbaya.
- Construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil, CDI, en los municipios de Calarcá y Quimbaya.
Algunas de las anomalías estarían relacionadas con el diseño y ajuste de los pliegos de condiciones para favorecer a los consorcios del contratista José Carlos Vergara, a cambio de comisiones que habrían ascendido al 15% del valor de los contratos.
Esta actividad ilícita representó un detrimento al departamento por cuantía de $3.443’361.864.
Es de recordar que en diciembre del año pasado, dos ex funcionarios de la gobernación y dos contratistas y representantes de la empresa Inalcon tuvieron que presentarse a la Ficalía para rendir cuentas sobre el mismo caso. Ellos son Jhon Edward Parra Peña, exdirector de análisis financiero y administrativo de la Gobernación de Quindío; Jhon Faber Quintero Olaya, exsecretario de representación judicial y defensa de la Gobernación de Quindío; José Carlos Vergara Mendoza, contratista de las obras y representante legal de la empresa Inalcon, y Sandra Jannette Forero Simijaca, gerente y representante legal suplente de Inalcon.
Sandra Paola Hurtado además se encuentra inhabilitada por 12 años, luego de que la Procuraduría General de la Nación hallara irregularidades en contratación con las Empresas Públicas del Quindío (EPQ) y la Promotora de Vivienda del Quindío (Proviquindío).
