La posibilidad de que la influenciadora y empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, obtenga detención domiciliaria bajo los beneficios de la Ley de Utilidad Pública fue descartada este miércoles, 9 de abril, por la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.
La ministra fue enfática al afirmar que los delitos por los que fue condenada Barrera —instigación al terrorismo, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público colectivo— no tienen una motivación económica ni se relacionan con una situación de vulnerabilidad, requisitos fundamentales para acceder a esta normativa.
La ley, sancionada hace dos años por el presidente Gustavo Petro, busca conmutar penas a madres cabeza de familia en condiciones precarias que hayan cometido delitos menores por necesidad económica, como hurtos o tráfico de estupefacientes. Hasta el momento, ha beneficiado a 130 mujeres en todo el país.
“Esta ley fue creada para mujeres en condiciones de extrema pobreza que delinquen para alimentar a sus hijos. En el caso de Barrera, no hay vínculo entre su conducta y una condición de marginalidad”, sostuvo la ministra. Además, recordó que la creadora de contenido aceptó los cargos por instigación al terrorismo, lo cual “invalida automáticamente” cualquier posibilidad de aplicar este beneficio.
La defensa de Barrera, liderada por el abogado penalista Francisco Bernate, presentó en marzo una solicitud ante el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá, pidiendo que se le otorgue casa por cárcel debido a que es madre de una bebé de menos de un año y ha demostrado cumplir labores sociales. Sin embargo, esta argumentación no ha sido suficiente para modificar la sentencia intramural de cinco años y dos meses ratificada por la Corte Suprema de Justicia.
Incluso la Sala Civil del alto tribunal negó recientemente una tutela interpuesta por la defensa, en la que se pedía el traslado de Barrera a un centro penitenciario con condiciones adecuadas para compartir con su hija.
El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el caso en su cuenta de X, donde solicitó a la ministra de Justicia aplicar la ley por tratarse de una madre cabeza de familia. Sin embargo, Buitrago fue clara: “La decisión solo puede tomarla un juez, nadie más”.
Otro de los puntos en contra de la solicitud es la situación económica de la influenciadora. Según la ministra, Epa Colombia no se encuentra en estado de pobreza y actualmente lidera una próspera empresa de productos capilares, por lo que su hija no estaría en condición de desprotección.
Mientras se espera el pronunciamiento definitivo del juez de ejecución de penas, la empresaria continúa privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, donde fue recluida tras su captura el pasado 27 de enero a las afueras de uno de sus locales.
