Fiscalía busca a víctimas del agente, que tenía sexo sin condón a sabiendas de que era seropositivo.
La Fiscalía comenzó a investigar esta semana la vida sexual de los últimos cuatro años del agente de policía Jorge Iván Márquez Simanca, detenido el lunes en Montería por un delito poco conocido en nuestro país: el de propagación del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), causante del sida.
En varios municipios de Santander y de la costa Caribe se intenta localizar a personas que hayan podido tener contacto íntimo con el patrullero, quien ocultó a al menos dos de sus compañeras sexuales que era portador del virus. Una de ellas está infectada. Hasta el momento solo se ha presentado una denuncia, pero las autoridades sospechan que podría haber más casos debido a su “conducta promiscua”.
Márquez, de 31 años, se enteró a mediados del 2009 de que tenía el virus, después de someterse a unas pruebas en un centro asistencial de Santa Marta. “Médicos especialistas y psicólogos le notificaron que, por ley, debía usar métodos de barrera (preservativos) para evitar la propagación del VIH y confesarles a sus parejas sexuales su realidad, pero él hizo caso omiso de las recomendaciones”, dijo un investigador del caso.
La primera víctima conocida es una mujer con la que el agente convivió en Sabana de Torres (Santander). Ella lo denunció en la Fiscalía Seccional de Bucaramanga en mayo del 2011, al enterarse, en el octavo mes de embarazo, de que había sido contagiada.
Según la investigación, el patrullero siempre se opuso a que su pareja asistiera a controles prenatales. “Temía que la madre del que se presume es su primer hijo estuviera contagiada, como en efecto sucedió”, agregaron fuentes del caso. El bebé nació por cesárea y fue atendido con los protocolos que se utilizan para aislar el virus. Hasta ahora se le han realizado dos pruebas que resultaron negativas. Falta una tercera para descartar completamente el contagio.
Se enteró por sorpresa
Otra excompañera sentimental de Márquez, con quien el detenido tuvo un hijo que tiene la misma edad del niño de Santander, viajó el lunes desde Girardot (Cundinamarca) hasta Montería, al enterarse de la captura.
Quería contactar con el padre del menor, ya que le había perdido el rastro durante meses. En la audiencia de legalización de la captura se enteró de que su expareja portaba el VIH. “Fue un momento estremecedor ver la cara de sorpresa de esa señora cuando el juez le estaba leyendo los cargos al detenido”, contó un testigo.
La mujer se sometió esta semana a las pruebas para saber si tanto ella como su hijo están infectados. Aún no ha interpuesto denuncia oficial contra Márquez.
Ahora la Fiscalía está tratando de ubicar a una tercera mujer, oriunda de Rionegro (Santander), con la que, al parecer, también convivió el policía, y realiza pesquisas en Santa Marta, Montería, Bucaramanga y los municipios santandereanos de Albania y Barbosa, en donde Márquez prestó sus servicios en los últimos cuatro años. El patrullero, que el lunes aceptó los cargos, está en la cárcel de Corozal (Sucre) a la espera de la sentencia.
El artículo 370 del Código Penal tipifica como delito la propagación del VIH o de la Hepatitis B, tanto por contacto sexual, como por donación de sangre, semen u órganos. Las penas por este delito van de los 6 a los 12 años.
Un caso similar
Uno de los casos de contagio premeditado de VIH más sonados ha sido el de José Libardo Rojas, un camionero de 57 años capturado el pasado diciembre en Bogotá y quien habría contagiado a unas 50 mujeres. Aún no hay una sentencia.
EL TIEMPO
