Gracias a la acción coordinada de la Fiscalía General de la Nación y la Dijin de la Policía Nacional, se logró la desarticulación de una red criminal señalada de engañar a mujeres con falsos trabajos de modelaje y enviarlas a China con fines de explotación sexual comercial.
Las investigaciones evidenciaron la existencia de una red de trata de personas señalada de ubicar mujeres en Santander, Antioquia y otros lugares del país, algunas de ellas migrantes; ofrecerles trabajos como modelos en el extranjero y, a través de diferentes maniobras ilícitas, trasladarlas a China donde, al parecer, eran obligadas a ejercer actividades de tipo sexual.
En total se logró la captura de 7 personas que estarían vinculados a más de 30 casos con jóvenes de Antioquia y Santander, entre ellos dos quindianos señalados de proveer los recursos para preparar y costear el viaje de las víctimas.
La Fiscalía conoció que, en Colombia, un grupo se encargaba de contactar jóvenes en redes sociales, vía WhatsApp y, en algunos casos, mediante una casa de citas con sede en Bucaramanga. Al parecer, les hacían estudios fotográficos y las convencían de aceptar propuestas para modelar prendas de vestir en China, a cambio de millonarios dividendos.
Otras personas que harían parte de la red conseguían visas y adelantaban todos los trámites para garantizar la salida de las mujeres del país. Con la documentación al día, quedaban a cargo de un componente que les suministraba dinero para costear los gastos del viaje y las entrenaba para responder las preguntas de los filtros migratorios en los aeropuertos internacionales.
Las víctimas viajaban desde Bogotá a Madrid (España). Posteriormente, eran trasladadas a Ámsterdam (Holanda) y, desde allí, las enviaban hasta Beijing (China), donde eran recibidas y llevadas hasta un establecimiento nocturno en Cantón o Guandong. En este sitio las jóvenes, supuestamente, eran retenidas, les quitaban los pasaportes y documentos personales, y les imponían una deuda 14 mil dólares, que debían cumplir mediante el pago de 600 dólares diarios en servicios sexuales.
La Fiscalía y la Dijin de la Policía Nacional han recibido formalmente dos denuncias de mujeres afectadas, pero tienen referenciados más de 30 casos, en los que se trabaja para ubicar a las víctimas.
Esta es la lista de los capturados y las acciones que realizaban dentro de la red:
- Daniela Botina Ocampo, alias Barbie, señalada cabecilla capturada en Cali (Valle del Cauca). Las investigaciones dan cuenta de que llegó a Colombia a finales de 2019 para pasar las festividades de Fin de Año con la familia. Tenía previsto regresar a China en enero pero, con ocasión del cierre de fronteras en ese país por el Covid – 19, tuvo que quedarse.
- James Leonardo Téllez Torres, detenido en Bogotá. Era el presunto encargado de la logística y traslados en China.
- Edilma González, alias La Tía, capturada en Bucaramanga (Santander). Sería la propietaria de una casa de citas.
- Martha Rubiela Gómez Fandiño y Bellanid Rojas Rodríguez, capturadas en La Peña (Cundinamarca) y Puente Nacional (Santander), respectivamente. Se les atribuye la obtención de visas, pasaportes y otros trámites.
- Gloria Patricia Ocampo Ramírez y Juan Pablo López Galeano, detenidos en Armenia y Circasia (Quindío). Son señalados de proveer los recursos para preparar y costear el viaje de las víctimas.
En audiencias realizadas ante un juez de control de garantías de Bucaramanga, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a estas siete personas por los delitos de concierto para delinquir agravado y trata de personas. Las diligencias continúan.
Adicionalmente, y gracias a la cooperación con las autoridades españolas, fue ubicada mediante circular Azul de Interpol una mujer que también haría parte de la estructura criminal.
Paralelamente al proceso penal, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a seis bienes, avaluados comercialmente en $1.500 millones de pesos, que pertenecerían a la red de trata de personas. Las propiedades afectadas están ubicadas en Quindío, Bucaramanga y Bogotá D.C., y corresponden a dos vehículos de gama alta, tres inmuebles, y un establecimiento de comercio (la casa de citas en Bucaramanga).
Fuente: Fiscalía General de la Nación
