Los periodistas ecuatorianos secuestrados por rebeldes disidentes de las Farc fueron asesinados en el lado colombiano de la frontera y sus cuerpos siguen ahí, según confirmaron el domingo ambos gobiernos.
“El ministro de Defensa (…) me dijo que por fuentes de inteligencia se confirmaba que los cuerpos sí estaban del lado colombiano (…) y en ese sentido tiene uno que suponer que fueron asesinados en Colombia”, declaró el presidente Juan Manuel Santos, en la ciudad de Medellín.
El ministro de Defensa (…) me dijo que se confirmaba que los cuerpos sí estaban del lado colombiano (…) y en ese sentido tiene uno que suponer que fueron asesinados en Colombia.
Desde que el pasado 26 de marzo se produjo el secuestro del grupo en Mataje, una localidad ecuatoriana en los límites con Colombia, ambos gobiernos han sido muy cuestionados por la información contradictoria que han suministrado.
Santos había sostenido que tanto el secuestro como la ejecución habían tenido lugar en Ecuador. Pero este domingo debió admitir lo que más temprano había dicho el ministro ecuatoriano del Interior, César Navas: que el caso ocurrió en territorio colombiano.
El periodista Javier Ortega (32 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el conductor Efraín Segarra (60) del diario El Comercio de Quito fueron secuestrados por guerrilleros que se apartaron del proceso de paz en Colombia. Estando en cautiverio y encadenados fueron ejecutados a balazos, según se desprende de fotos difundidas por los captores. Los cadáveres aún no han sido recuperados.
Su asesinato conmocionó a Ecuador, un país que hasta hace pocos meses no había sufrido en su propia carne la violencia derivada del narcotráfico en Colombia. Y motivó la condena de la comunidad internacional.
Después del tradicional rezo del Ángelus de los domingos en la plaza San Pedro de Ciudad del Vaticano, el papa Francisco habló del “dolor” que sintió al enterarse de la muerte de los comunicadores y dijo que oraba “por ellos y sus familias”.
Ortega, Rivas y Segarra fueron secuestrados mientras hacían un reportaje sobre la inusitada violencia que enfrenta Ecuador en su frontera con Colombia, un área selvática y caótica donde las bandas ilegales dedicadas al tráfico de drogas, de armas y de combustible campan a sus anchas.
La última vez que se les vio con vida fue en un video difundido por sus captores el pasado 3 de abril. Nada ha trascendido del operativo humanitario de rescate de los cuerpos que lleva a cabo el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Navas se limitó a decir que no tiene “fecha límite”. Tras confirmarse el viernes su asesinato, Bogotá y Quito lanzaron de inmediato una ofensiva militar coordinada, a lado y lado de la frontera, para dar captura al responsable, alias Guacho, líder del Frente Oliver Sinisterra, un grupo disidente del proceso de paz con las Farc.
En un acto en Medellín, Santos garantizó que Guacho caerá “vivo o muerto” y admitió que en el área fronteriza, estratégica en la ruta de la droga hacia Centroamérica y Estados Unidos, “están muy presentes” los carteles mexicanos.
Las operaciones militares colombianas, un país que lleva más de medio siglo combatiendo a guerrillas y grupos paramilitares que encontraron en el narcotráfico una fuente inagotable de financiación, se centran en el municipio de Tumaco, la zona con más narcocultivos del mundo.
Ecuador, por su parte, desplegó 550 uniformados entre militares y policías, y empleó helicópteros, un avión y tanques blindados. Los operativos han permitido detener a siete personas, algunas vinculadas al grupo de Guacho, y “tomar el control total” de Mataje.
Más contradicciones
Las versiones entre gobiernos difieren en la nacionalidad de Guacho, al que se le atribuyen atentados que, en el lado ecuatoriano, han dejado por ahora siete muertos y cuatro decenas de heridos. Quito dijo este domingo que el supuesto responsable es de nacionalidad colombiana y Bogotá dice que es ecuatoriano.
Ricardo Rivas, hermano del periodista asesinado, criticó en otra entrevista el “fracaso de los dos gobiernos” en la gestión del caso. “El uno (Colombia) por no involucrarse directamente (…) y el otro tal vez (…) por su falta de experiencia en el manejo” de este tipo de situaciones, explicó. “Hay preguntas que quedan en el aire respecto a las acciones que se hicieron” durante el secuestro, agregó.
Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), de Colombia, lamenta la “incoherencia” entre ambos gobiernos. “Es muy importante que lo que hayan dicho los Estados pueda ser verificado, sobre todo porque en las circunstancias en las que ocurre esto hay muchos cruces de información”, señaló Vaca a la AFP.
AFP
