Transparencia por Colombia presentó oficialmente en Armenia su Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, un servicio de asistencia legal gratuita y previa, dirigida a los ciudadanos que deseen denunciar ante las autoridades casos de corrupción.
En el evento que se llevó a cabo en el auditorio Bernardo Ramírez de la Universidad del Quindío, Agustín Ibarra, Coordinador del Centro, comentó: “traemos una iniciativa que iniciamos hace 6 meses, donde asesoramos jurídicamente a los conocedores de casos de corrupción o a las víctimas para que presenten las denuncias ante las autoridades competentes”.
Ibarra aseguró que el El 85.53% de las solicitudes de asesoría han sido realizadas por ciudadanos del común y no por contratistas. “Esto quiere decir que la gente está indignada y quiere pasar a la acción y denunciar personalmente”, dijo.
Por su parte, Claire Lauanay Gama, directora de movilización e incidencia de Transparencia por Colombia, expresó que hasta el momento han recibido cinco denuncias desde el Quindío, y agregó frente a los resultados en tiempo de este proceso de denuncia: “Es muy temprano hablar de resultados cuando solo tenemos 6 meses, ustedes saben que para que se sancione disciplinariamente un acto de corrupción pasan cuatro años en promedio, y para una sanción legal, casi ocho años, por ahora hemos pasado ciertos casos a la Fiscalía y a la Procuraduría, pero todavía no nos podemos pronunciar sobre el resultado”.
Luego de finalizado el evento en la Universidad del Quindío, se dio inicio al recorrido en chiva denominado Corruptour, donde se visitan lugares emblemáticos por sus casos de corrupción.
La primera parada se realizó en el Hospital San Juan de Dios, donde los organizadores del tour recordaron que en el periodo 2015-2016, el exgerente de este centro asistencial fue responsable del hurto de medicamentos de alto costo, de generar fórmulas, historias médicas y pacientes falsos para realizar brigadas de salud que favorecieran a la candidata a la gobernación del Quindío en el 2015.
El siguiente lugar fue la Corporación Autónoma Regional del Quindío, donde en el 2009 se firmó un convenio con el Ministerio de Ambiente y la fundación Mages, para realizar programas de reforestación por un valor de $162 millones, al parecer, dicha fundación creada por el exdirector de la CRQ, se apropió de $91 millones.
El otro caso al que se hizo mención fue el de la compra de 40 cámaras de seguridad por un valor de $620 millones por la alcaldía de Armenia en el periodo 2005-2007. Las cámaras no entraron en funcionamiento. Y finalmente, el tour se desplazó hasta la gobernación del Quindío, que en periodo 2004-2007 suscribió irregularmente un contrato de investigación y adaptación del transporte por cable en Buenavista.
