El Consejo de Estado admitió para su estudio la primera demanda presentada contra el decreto mediante el cual el Gobierno nacional fijó en un 23 % el incremento del salario mínimo mensual legal vigente para 2026. La acción judicial cuestiona la legalidad del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, expedido por el presidente Gustavo Petro, y advierte presuntas vulneraciones a principios constitucionales y legales.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Germán Eduardo Castro Marín contra los ministerios de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo. Según el escrito, el acto administrativo desconocería principios fundamentales como la legalidad, la razonabilidad, la proporcionalidad y la debida motivación que deben regir las decisiones del Ejecutivo.
De acuerdo con la acción judicial, el decreto habría pasado por alto los criterios técnicos que la normativa vigente establece para la fijación del salario mínimo, entre ellos la inflación registrada, la meta inflacionaria, los niveles de productividad, la participación de los salarios en el ingreso nacional y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). La demanda sostiene que estos indicadores no fueron determinantes en la decisión adoptada por el Gobierno.
Incluso, según el texto de la demanda, el propio decreto reconoce que el aumento no se calculó con base en dichas variables, sino que tomó como referencia la brecha entre el salario mínimo vigente y una estimación del denominado “salario vital”, elaborada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La admisión de la demanda fue decidida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, mediante auto del 13 de enero de 2026, dentro del proceso radicado 11001-03-25-000-2026-00003-00. En dicha providencia, el alto tribunal concluyó que la acción cumple con los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), por lo que ordenó darle trámite.
En el marco del proceso, el Consejo de Estado dispuso la notificación personal a las entidades demandadas y corrió traslado de la demanda por un plazo de 30 días a los ministerios accionados, a la Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que se pronuncien sobre el caso.
Asimismo, el alto tribunal ordenó al Gobierno nacional remitir la totalidad de los documentos y antecedentes administrativos que dieron origen a la expedición del decreto, bajo advertencia de eventuales faltas disciplinarias en caso de incumplimiento.
La decisión se conoce en medio de un amplio debate nacional, luego de que distintos gremios y sectores cuestionarán el incremento del salario mínimo, al considerar que no estuvo soportado en criterios técnicos sólidos. Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha defendido la medida y ha señalado que responde a la situación fiscal del país ya la necesidad de garantizar condiciones mínimas de ingreso para los trabajadores.
Con la admisión de esta demanda, el Consejo de Estado iniciará el estudio de fondo sobre la legalidad del decreto, un proceso que podría tener implicaciones jurídicas y económicas de alto impacto para el país.
