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Contraloría: El 85% de oro exportado por Colombia proviene de la minería ilegal

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Este negocio afecta considerablemente a los ríos que se encuentran cerca a las inmediaciones donde se desarrolla la minería, beneficiando solamente de 4 a 5 grandes organizaciones criminales.
Este negocio afecta considerablemente a los ríos que se encuentran cerca a las inmediaciones donde se desarrolla la minería, beneficiando solamente de 4 a 5 grandes organizaciones criminales. Foto: Universidad Sergio Arboleda.
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De acuerdo con el informe de sus acciones de control fiscal y seguimiento a los principales daños ambientales del país,  la Contraloría General de la República, reveló que cerca de un 85% del oro exportado por Colombia, proviene de actividades mineras ilegales.


“En comparación con el negocio ilícito de la cocaína, donde el kilo de coca puede estar en el mercado de Colombia por alrededor de los 5 millones de pesos, un kilo de oro ilegal está por el orden de 250 millones de pesos, lo que ha hecho que este negocio se haya disparado”, afirmó Gabriel Adolfo Jurado, Contralor Delegado para el Medio Ambiente.

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Asimismo, Jurado indicó que este negocio afecta considerablemente a los ríos que se encuentran cerca a las inmediaciones donde se desarrolla la minería, beneficiando solamente de 4 a 5 grandes organizaciones criminales, sin importar la contaminación que producen a los recursos hídricos.

No obstante, la entidad fiscalizadora también alertó que el 66% de la minería ilegal se hace en zonas como Parques Naturales y en Reservas Forestales.

¿Cuáles han sido los minerales utilizados para el desarrollo de esta actividad?

Minerales pesados como el mercurio, el cianuro, plomo, cadmio y semimetales como el arsénico, son algunos de los más empleados para las actividades mineras.

Por tanto, para Jurado, el país se encuentra en presencia de una masacre ambiental, pues en los últimos 32 años, se paso de 65 millones a 59 millones de hectáreas de bosques, lo que quiere decir, que día tras día se pierden cerca de 500 hectáreas, siendo  la Amazonía y el Chocó las regiones más afectadas.

Por tanto, el desafío que tiene el Estado colombiano, no solo es evitar el deterioro de los bosques y recursos naturales, sino también evitar que los grupos criminales continúen con este daño ambiental y, “perseguir los bienes que tienen escondidos estas mafias o a través de testaferros, o quizá algunos en el exterior”, recalcó Jurado.

 

 

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