Países como China han defendido la práctica justificándose en la “cultura tradicional y condiciones nacionales específicas”.
Al menos 778 condenados a muerte fueron ejecutados en 2013, sin contar a China, que no da cifras, contra 682 en 2012, siendo Irán e Irak los responsables del aumento, reveló Amnistía Internacional (AI) en un informe difundido el jueves.
“Dos países se encuentran en el origen de este incremento: Irán e Irak”, y las cifras conocidas estarían por debajo de las reales, sobre todo porque Teherán revela posiblemente un número menor de penas capitales que las que aplica, dijo a la AFP Audrey Gaughran, directora de Asuntos Internacionales de AI.
Gaughran considera “muy preocupante” el aumento en un centenar de ejecuciones entre 2012 y 2013. “Nuestra estimación total excluye a China, donde miles de personas son ejecutadas cada año, pero allí la pena de muerte es un secreto de Estado”, añadió al comentar el informe anual de la ONG de derechos humanos sobre la pena capital.
“Las autoridades chinas afirmaron que desde 2007 redujeron el recurso a la pena de muerte. Nosotros les lanzamos este desafío: si tienen las cifras, publíquenlas y muéstrenoslas”, añadió la responsable.
China respondió defendiendo las ejecuciones y acusando a Amnistía de animadversión. “Siempre tiene opiniones tendenciosas contra China”, dijo a la prensa el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores Hong Lei.
“Que un país tenga o no la pena de muerte depende principalmente de la cultura tradicional y de las condiciones nacionales específicas”, agregó.
La pena de muerte “colma las aspiraciones del público de China y ayuda a desbaratar y prevenir graves actividades criminales”, sentenció. – Texas, de nuevo en cabeza en Estados Unidos – Tras China, en segunda posición de la clasificación se encuentra Irán, con al menos 369 ejecuciones (declaradas) en 2013, seguido por Irak (169). Arabia Saudí está en el cuarto lugar (79), seguida de Estados Unidos (39) y Somalia (34).”Un pequeño número de países aplicó la mayor parte de esas condenas a muerte absurdas financiadas por el Estado”, señaló por su parte el secretario general de AI, Salil Shetty.
Estados Unidos fue una vez más el único país de América que llevó a cabo ejecuciones, aunque 4 menos (39) que en 2012.El estado de Texas (sur) fue responsable del 41 por ciento de todas las ejecuciones. Mientras tanto, Maryland se convirtió en el 18º estado que procedía a abolir la pena capital.
Varios Estados del Caribe comunicaron que no había ninguna persona condenada a muerte en ellos por primera vez desde que Amnistía Internacional comenzó a llevar registros en 1980.”A pesar del revés registrado en 2013, podemos constatar en los últimos 20 años un descenso regular de los países que aplican la pena de muerte”, según el informe de Amnistía Internacional. Mientras que hace dos décadas 37 naciones en total la aplicaban, en 2004 el número era de 25 y bajó a 22 el año pasado.
Entre los países que hicieron una “pausa” en 2013 se encuentran, en particular, Gambia, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán. Tampoco ha tenido lugar ninguna ejecución en Bielorrusia, por lo que no se practicó la pena de muerte durante 2013 en toda Europa y Asia central.
“La tendencia a largo plazo está clara: la pena de muerte se va convirtiendo en una práctica del pasado”, afirma AI, llamando “a todos los gobiernos que aún matan en nombre de la justicia a decidir inmediatamente una moratoria sobre la pena de muerte, con la finalidad de abolirla”.
Los métodos de ejecución en el mundo durante 2013 incluyeron la muerte por electrocución, la decapitación, la horca, la inyección letal y el fusilamiento. Algunas penas de muerte se realizan en público, como es el caso en Irán, Corea del Norte, Arabia Saudí y Somalia.
A veces se aplica para casos de delitos en que no se provocó la muerte de terceros, como robos, tráfico de drogas e, inclusive, para penalizar actos “que no deberían ser considerados crímenes, como el adulterio y la blasfemia”, agrega AI.
Inclusive, en muchos casos las ejecuciones se realizan en el mayor de los secretos, sin que los familiares y abogados de los condenados sean informados con antelación de las mismas
