La Defensoría del Pueblo ha alzado su voz con profunda preocupación frente a las alarmantes denuncias que señalan el reclutamiento y la utilización de niñas y niños por parte de las disidencias del Estado Mayor Central en el corregimiento El Plateado, jurisdicción de Argelia, Cauca. Este fenómeno representa un grave retroceso en la protección de los derechos de los menores en esta región, que entre enero y agosto de 2024 ya registra 190 casos de reclutamiento de menores.
Sin embargo, esta cifra podría ser solo una parte del problema, ya que se estima un subregistro superior al 30% debido al miedo que enfrentan las comunidades para denunciar estos crímenes.
La situación es especialmente crítica en el norte del Cauca, donde los menores, incluidos muchos niños y niñas indígenas nasa, son llevados a otros lugares del departamento o a regiones vecinas. Según Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo, los menores no solo son utilizados en combate, sino que también cumplen tareas de inteligencia, cobran extorsiones y, en muchos casos, son obligados a atraer a otros niños a las filas de estos grupos armados.
A este panorama de vulneración de derechos se suma el desplazamiento masivo de 1.200 personas y las 17 heridas que dejaron los recientes enfrentamientos en El Plateado, donde se utilizaron drones como arma en los combates. El Comité Territorial de Justicia Transicional de Argelia ha documentado estas dolorosas consecuencias, que agravan aún más la crisis humanitaria en la región.
“Es por esta razón que hacemos el llamado a los grupos armados ilegales, para que respeten a la población civil y cumplan con las normas del DIH”, manifiesta la Defensora del Pueblo, a su vez que añade que “es necesario hacer una intervención estructural en el Cauca con una presencia integral del Estado: que llegue la justicia, acelerar los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito y llevar oferta social y seguridad para sus habitantes”, concluyó Marín Ortiz.
