La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 001-25, advirtiendo sobre los graves riesgos que enfrenta la población civil en 45 municipios y tres áreas municipalizadas de los departamentos de Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y Cauca, debido a la confrontación armada entre grupos disidentes del antiguo Estado Mayor Central, ahora divididos en facciones lideradas por alias ‘Calarcá Córdoba’ e ‘Iván Mordisco’.
El escenario de riesgo se intensifica por el inicio y expansión de disputas armadas, que generan efectos humanitarios críticos en zonas como Solano y Cartagena del Chairá (Caquetá), Puerto Santander (Amazonas), Mesetas (Meta), Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán (Putumayo), y Calamar (Guaviare). Estas confrontaciones han derivado en amenazas directas a las comunidades, desplazamiento forzado y restricciones al acceso a bienes esenciales.
Principales afectaciones identificadas
Entre las problemáticas señaladas en la alerta se encuentran:
- Reclutamiento forzado de menores, especialmente indígenas.
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Confinamiento y dificultades para acceder a alimentos y servicios básicos.
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Desplazamiento forzado.
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Amenazas y homicidios contra líderes sociales y comunitarios.
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Contaminación por minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados.
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Obstáculos para la gestión humanitaria y digna de cadáveres.
La Defensoría del Pueblo también destacó el impacto desproporcionado en comunidades indígenas y campesinas que ya enfrentaban vulneraciones históricas de derechos.
Recomendaciones a las autoridades
El organismo instó a diversas entidades del Estado a adoptar medidas urgentes:
- Presidencia de la República y Oficina del Comisionado de Paz: priorizar garantías de no repetición y respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en los acuerdos de paz.
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Ministerio del Interior: fortalecer la prevención y protección colectiva para comunidades en riesgo.
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Fuerza Pública: diseñar estrategias de seguridad respetando los derechos humanos y el DIH.
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Unidad para las Víctimas: atender de manera diferenciada a las personas desplazadas.
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ICBF: implementar medidas para prevenir el reclutamiento infantil.
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Procuraduría: garantizar la justicia para las víctimas y realizar veeduría activa en los territorios.
Adicionalmente, se exhortó a los actores armados ilegales a cesar las hostilidades contra la población civil y a la comunidad internacional a fortalecer su acompañamiento en los procesos de paz y protección de derechos humanos en la región.