El Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez cuenta con la premisa de terminar las obras de infraestructura estratégicas para la conectividad vial del país. Por ello, desde el primer día de Gobierno, el Jefe de Estado se propuso, junto con la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, sacar adelante el proyecto del Túnel de la Línea, que estaba abandonado y sin recursos para su terminación.
Como primera medida, el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), garantizó recursos por $620.000 millones para la terminación del proyecto Cruce de la Cordillera Central.
También se implementó la gerencia especializada del proyecto dentro del Invías para el control y seguimiento exclusivo a la ejecución contractual, que trazó un cronograma detallado del proyecto y un sistema de control de actividades e inversiones.
Con profesionales especializados y bajo el liderazgo del Director General del Invías, Juan Esteban Gil, se pusieron los ojos encima a los contratistas para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales del proyecto.
Estabilización de fallas
En el periodo del Gobierno actual, dentro del Túnel de La Línea se trataron y estabilizaron las ocho fallas geológicas, entre ellas la de La Soledad. Esta falla era la más crítica del proyecto y calificada por expertos del mundo que la estudiaron como la segunda de mayor complejidad geológica y técnica en la construcción de túneles en el mundo. Además, se terminó el revestimiento de las paredes y la pavimentación de la vía.
Durante el proceso constructivo se garantizó que la estructura del túnel reuniera las condiciones técnicas de seguridad y estabilidad que se requieren en este tipo de obras.
Para el proyecto del Cruce de la Cordillera Central se realizó el proceso de tres licitaciones públicas para terminar las obras complementarias, que permitieron habilitar en su totalidad la segunda calzada entre Cajamarca y Calarcá, un proceso de contratación transparente, con 31 audiencias públicas de riesgos, aclaración de pliegos y de explicaciones técnicas que promovió la legalidad a través de participación, transparencia y pluralidad de oferentes. Después, se pusieron en marcha los contratos de obra.
