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Diputados y Contralor del 2007 condenados a pagar millonaria suma

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Detrimento patrimonial
QuindíoNoticias.com

El Tribunal Administrativo del Quindío, condenó pecuniariamente a los señores Julio Ernesto Ospina Gómez, Luis Emilio Valencia Díaz, Libardo Antonio Taborda Castro, José Wilson Rúa Bedoya, Rubén Darío Castillo Escobar, Jorge Augusto Llano García, Bernardo Valencia Cardona y Belén Sánchez Cáceres, en su calidad de diputados de la Asamblea Departamental del Quindío para el período 2007, y al señor Jhon Víctor Cardona Gutiérrez en su calidad de Contralor Departamental, por el detrimento patrimonial que le causaron al Departamento del Quindío.



 

Antecedente

El Departamento del Quindío, mediante el medio de control de Repetición, instauró demanda contra los señores Julio Ernesto Ospina Gómez, Luis Emilio Valencia Díaz, Libardo Antonio Taborda Castro, Jhon Bairo Cohecha Salazar, José Wilson Rúa Bedoya, Rubén Darío Castillo Escobar, Jorge Augusto Llano García, Bernardo Valencia Cardona y Belén Sánchez Cáceres, en su calidad de diputados de la Asamblea Departamental del Quindío para el período 2007, y el señor Jhon Víctor Cardona Gutiérrez en su calidad de Contralor Departamental, por el detrimento patrimonial ocasionado al ente territorial por el pago de la sentencia condenatoria cancelada al señor José Milciades Ríos Molina, por valor de $166.440.132.28.

 

Argumentos que fundamentaron la pretensión

Puso de presente la Sala que los argumentos expuestos por la parte demandante, para solicitar el reembolso o el reintegro de lo pagado en proceso judicial por el Departamento del Quindío, se basaron en que la Contraloría Departamental del Quindío, junto con la Asamblea Departamental reestructuró y suprimió entre otros el cargo que venía desempeñando el señor José Milciades Ríos Molina, sin preceder el estudio técnico respectivo y que por ende, tal conducta se encuadraba dentro de la presunción prevista por el Legislador en el numeral 1º del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 a título de culpa grave.

 

Conclusión: Violación manifiesta de la Ley.

De los hechos y pretensiones planteadas en el trámite judicial, el Tribunal Administrativo llegó a la siguiente conclusión frente a la solicitud del demandante Departamento del Quindío: Que la conducta del señor Jhon Víctor Cardona Gutiérrez, cuando presentó un proyecto de reestructuración sin un estudio técnico, se constituyó en una violación manifiesta e inexcusable de la Ley. Además de considerar la Corporación que corrieron igual suerte cada uno de los codemandados que ostentaron la dignidad de Diputados a la Asamblea del Quindío para la vigencia 2007, cuando actuaron con violación de la Ley, pues señala que, tal como se desprendió de los debates y sesiones que terminaron en la Ordenanza No. 011, el argumento central de la discusión fue la necesidad de reducir gastos en la Contraloría, indicando, que sin embargo tales personas no tuvieron en cuenta la obligación legal de contar con un estudio técnico que cumpliera con los requisitos mínimos de Ley, situación que estima el Tribunal, debían conocer y que no los exonera de que su conducta sea calificada a título de culpa grave, máxime cuando indica la Corporación, el señor Jhon Bairo Cohecha Salazar al momento de intervenir y sentar su posición en contra del proyecto, señaló que existían vacíos en la sustentación, pues no se contaba con los estudios técnicos para tomar la decisión. En ese sentido, observa el Tribunal que ninguno de los apelantes codemandados lograron desvirtuar a través de los elementos de prueba allegados, la presunción de culpa grave prevista por el legislador, que radicaba en ellos en virtud de la conducta desplegada en la presentación y aprobación del proyecto de ordenanza para la reducción o reestructuración de la Contraloría Departamental del Quindío, que dio origen a la Ordenanza No. 011 “por medio de la cual se reduce la planta de empleos de la Contraloría General del Quindío”, que a la postre fue el acto administrativo que después de hacerle el respectivo control judicial resultó ilegal, dando como consecuencia el pago de una condena que es precisamente la que pretende repetir aquí el ente territorial demandante.

 

La Decisión

“… En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Quindío, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: Modifíquese el numeral segundo y tercero de la sentencia proferida el día tres (03) de marzo de dos mil dieciséis (2016), corregida el diecinueve (19) de abril de 20017, por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia, el cual quedará así:

“SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, condénese a los señores Julio Ernesto Ospina Gómez, Luis Emilio Valencia Díaz, Libardo Antonio Taborda Castro, José Wilson Rúa Bedoya, Rubén Darío Castillo Escobar, Jorge Augusto Llano García, Bernardo Valencia Cardona, Belén Sánchez Cáceres, en su calidad de diputados de la Asamblea departamental del Quindío para el período 2007, y el señor Jhon Víctor Cardona Gutiérrez en su calidad de Contralor general del Quindío, a reintegrar a éste Departamento la suma de dinero que resulte de tomar el valor de $166.440.132.28, descontando $1.733.836.oo correspondiente a la orden de pago No. 3299, así como la suma que resulte de los intereses liquidados en la orden de pago No. 6947 por valor de $2.880.583.oo, y de cualquier otro pago hecho en virtud de la condena judicial que contenga intereses.

TERCERO: El pago ordenado en el numeral anterior, se hará por los señores Julio Ernesto Ospina Gómez, Luis Emilio Valencia Díaz, Libardo Antonio Taborda Castro, José Wilson Rúa Bedoya, Rubén Darío Castillo Escobar, Jorge Augusto Llano García, Bernardo Valencia Cardona, Belén Sánchez Cáceres, en su calidad de diputados de la Asamblea departamental del Quindío para el período 2007, y el señor Jhon Víctor Cardona Gutiérrez en su calidad de Contralor general del Quindío, dividido para cada uno de ellos en partes iguales”.

SEGUNDO: Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO: Condenar en costas a los codemandados apelantes por el trámite de la segunda instancia.

CUARTO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de origen, previa anotación en el Programa Informático “Justicia Siglo XXI” y ordénese al a quo que proceda a realizar la liquidación de costas en los términos del artículo 366 del C.G.P.

Este fallo se discutió y aprobó en Sala de Decisión tal y como consta en el Acta Nº 14 del 10 de mayo de 2018 y fue proferido por los magistrados del Tribunal Administrativo del Quindío Alejandro Londoño Jaramillo, Rigoberto Reyes Gómez y Luis Javier Rosero Villota.

 

Por: Redacción Judicial