Los sindicados son Alcibiades Vargas Bautista, Joel Darío Trejos y Fausto Rubén Díaz Rodríguez, presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción en concurso homogéneo y prevaricato por omisión y cohecho propio.
Los cotejos del ente acusador confirman que los magistrados investigados trataron de favorecer a una red de corrupción judicial en el Meta, con el fin de que no fueran sindicados por su actuar criminal.
De acuerdo con las pruebas expuestas en la audiencia, se evidencia que la organización, de la que también forman parte los 21 capturados que se encuentran en el Complejo Judicial de Paloquemao resolviendo su situación jurídica y que incluye a abogados, funcionarios de Medicina Legal, miembros del Inpec y jueces, otorgaba beneficios penales a bandas delictivas que actuaban en el departamento del Meta a cambio de dinero.
La fiscal del caso aseguró que los magistrados, además de cuantiosas sumas de dinero, también habrían recibido como parte de pago un paseo en el que incluía servicios sexuales por parte de prostitutas. Así mismo, los pagos que hoy ascienden a los tres mil millones de pesos se presentaron durante 2010 y 2015.
COLPRENSA